INFADOMI afirma que la iniciativa responde a una aspiración que el sector viene impulsando desde hace años y considera que un regulador fortalecido favorecerá la protección sanitaria, la calidad de los medicamentos y la competitividad de la producción nacional.
Santo Domingo, República Dominicana.– La Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI) respaldó el proyecto de ley depositado por el Poder Ejecutivo ante la Cámara de Diputados que convierte a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) en un ente público descentralizado, al considerar que la iniciativa consolida una institución estratégica para la protección de la salud pública y la competitividad de la industria nacional.
INFADOMI destacó que el fortalecimiento institucional y la autonomía de DIGEMAPS constituyen una aspiración que la industria farmacéutica dominicana ha venido promoviendo de manera sostenida durante los últimos seis años, bajo el criterio de que el país necesita una autoridad reguladora con capacidad técnica, recursos suficientes y autonomía técnica y operativa para ejercer adecuadamente sus funciones de vigilancia, evaluación y control sanitario.
La asociación recordó que la competencia de DIGEMAPS no se limita a los medicamentos: abarca también los alimentos y bebidas, los dispositivos médicos y productos sanitarios, y los cosméticos y productos de higiene personal y del hogar, lo que la convierte en la institución que responde por buena parte de lo que la población dominicana consume y utiliza a diario.
“Para la industria farmacéutica nacional, fortalecer a la DIGEMAPS no significa reducir controles, sino exactamente lo contrario: contar con una autoridad reguladora más robusta, técnicamente capacitada y con los recursos necesarios para garantizar que todos los productos que llegan a los pacientes cumplan los estándares de calidad y seguridad que exige el país”, afirmó Patricia Mena Sturla, presidenta Ejecutiva de INFADOMI.
Mena Sturla sostuvo que una regulación sanitaria sólida beneficia simultáneamente a los pacientes, al sistema de salud y a las empresas que cumplen con los estándares establecidos. “Este es un paso que hemos respaldado durante años. Una DIGEMAPS fortalecida protege mejor a la población, genera mayor confianza en el mercado y crea las condiciones para que la industria farmacéutica dominicana pueda competir con mayores oportunidades en los mercados internacionales”, agregó.
INFADOMI señaló que la autonomía financiera prevista en el proyecto – que permitirá a la institución disponer de los recursos que ella misma genera – permitiría fortalecer áreas que actualmente resultan críticas para el funcionamiento del organismo regulador, entre ellas la infraestructura tecnológica, la capacidad de inspección, los laboratorios y los procesos de evaluación y registro sanitario.
La organización empresarial indicó, además, que el fortalecimiento institucional de DIGEMAPS puede contribuir a que la República Dominicana avance hacia el reconocimiento de su autoridad sanitaria por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ese reconocimiento, explicó INFADOMI, tendría implicaciones importantes para la industria farmacéutica nacional, debido a que facilitaría procesos de confianza regulatoria entre países y contribuiría a que las certificaciones y evaluaciones realizadas en República Dominicana tengan mayor reconocimiento en mercados internacionales.
La industria farmacéutica dominicana abastece aproximadamente el 70 % del consumo privado de medicamentos del país y ha invertido más de US$300 millones durante los últimos cinco años en modernización tecnológica y estándares de calidad. Actualmente exporta alrededor del 15 % de su producción, porcentaje que el sector aspira a incrementar mediante una mayor inserción en mercados internacionales.
INFADOMI señaló que una autoridad sanitaria con mayor fortaleza institucional también permitirá aumentar la capacidad del Estado para enfrentar medicamentos falsificados o subestándar y combatir el comercio ilícito, garantizando que fabricantes nacionales, importadores y distribuidores operen bajo estándares regulatorios equivalentes.–
