Por Frank Valenzuela
MANZANILLO, Montecristi. — El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) denunció hoy que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) niega por escrito que la construcción del puerto de Manzanillo afecte a pescadores y comunidad de Manzanillo, aunque el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del BID —que financia la obra con 100 millones de dólares— reconoce esos impactos y establece medidas de compensaciones.
Frank Valenzuela, presidente del Centro CEBAMDER, solicitó al MOPC, amparado en la Ley 200-04 de Acceso a la Información Pública, respuestas a 35 preguntas sobre la problemática. Según el análisis de la organización, las contestaciones de la Unidad Ejecutora de Proyectos con Financiamiento Externo (UEPFRE) contradicen el EIAS y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), por lo que exige que los mecanismos de rendición de cuentas del BID expliquen cómo supervisa el cumplimiento de estas obligaciones.
Valenzuela recuerda que la obra se financia con el préstamo BID n.º 5282/OC-DR, aprobado en 2021, y se ejecuta bajo el Contrato n.º 194-2024, en modalidad de diseño y construcción. Es deuda soberana sujeta a las salvaguardias del Banco. La licencia ambiental de 2024 ampara un EIAS de enero de 2021 que, según el MOPC, no ha tenido actualizaciones formales. Además, la información solicitada tardó 160 días en llegar al solicitante, frente a un plazo legal ordinario de 15 días hábiles.
El colectivo ciudadano asegura que el EIAS identifica el impacto 8.05, «riesgo de impacto en la actividad pesquera», tanto en la construcción como en la operación, y reconoce posibles pérdidas de fondos marinos, presencia de corales amenazados, efectos sobre los manglares de Estero Balsa y suspensión de sedimentos. Admite también que carece de un modelo oceanográfico que simule el comportamiento del agua tras la construcción del nuevo muelle. Aun así, el MOPC sitúa los efectos en una operación futura.
El propio PGAS compromete apoyo a los pescadores: comercialización, infraestructura de conservación, capacitación y tecnificación de la flota (P.13), además de pagos por pérdida de ingresos (P.17). Dispone que se apliquen independientemente de los resultados del monitoreo y que el MOPC y APORDOM los implementen en conjunto. Con la construcción en marcha, el ministerio no precisa qué actividades ha ejecutado, desde cuándo ni con qué resultados.
El presidente de CEBAMDER revela que lo que está en juego es considerable: la pesca artesanal de Manzanillo generó RD$421.6 millones en 2021, según CODOPESCA, con 1,693,346 kilogramos de producción. Detrás de esa cifra están pescadores como los de Guardianes Marino, con 50 activos y hasta 80 miembros. Es una economía comunitaria que depende de la bahía y que sigue sin recibir ningún apoyo acreditado.
La primera contradicción es que el MOPC afirma no haber identificado afectaciones, pese a que el EIAS las contempla desde la construcción. La segunda es que admite no tener un plan de compensación ni registrar pagos, y traslada la responsabilidad a APORDOM, aunque el PGAS asigna deberes conjuntos. Retiene, además, los informes de supervisión y no presenta registros de desembarques. «No se compensa lo que se niega», sentenció Valenzuela..
En ese sentido, CEBAMDER exige que el BID verifique el cumplimiento del EIAS y del PGAS y solicite al MOPC una certificación sobre la ejecución del P.13, con registros de desembarques e informes trimestrales. También pide información sobre beneficiarios, presupuesto y calendario de las medidas, y la actualización del EIAS con un análisis acumulativo. Valenzuela anunció que llevará estas contradicciones a los mecanismos de rendición de cuentas del Banco.









