Santo Domingo, 03 de noviembre 2024— En un comentario reciente, el comunicador y dirigente político Miguel Florentino expresó su preocupación ante la implementación del uso de alcoholímetros por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DGC), medida que entró en vigor el pasado 25 de octubre. Según Florentino, aunque la intención de esta iniciativa es positiva y necesaria para reducir accidentes de tránsito ocasionados por el consumo de alcohol, su implementación podría generar nuevos problemas si no se acompaña de un trato respetuoso y justo hacia los ciudadanos.
Florentino destacó que las sanciones previstas incluyen multas de entre 5 y 10 salarios mínimos, la inhabilitación de la licencia de conducir e incluso la posible detención de los conductores que se detecten con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido. Sin embargo, expresó su preocupación por el historial de abusos que algunos agentes de la DGC han cometido en el pasado, lo que podría agravar la relación entre los ciudadanos y las autoridades de tránsito.
“El abuso en la colocación de multas y el irrespeto al ciudadano han sido problemas recurrentes en nuestra sociedad. En algunos casos, hay personas que aparecen con múltiples multas o contravenciones sin siquiera poseer vehículos. Esto, sumado al incentivo que en ocasiones se otorga a los agentes por la cantidad de multas colocadas, solo ha generado descontento en la ciudadanía”, expresó Florentino.
Asimismo, mencionó que la implementación de los alcoholímetros podría convertirse en una “arma de doble filo” si no se garantiza un uso responsable y supervisado, ya que podría dar lugar a nuevos abusos policiales y malestar social. En ese sentido, exhortó a las autoridades a asegurar que los agentes de la Digesett reciban una capacitación adecuada para manejar estos dispositivos de forma profesional y respetuosa.
Florentino finalizó su comentario afirmando que espera que este nuevo plan piloto se implemente de manera efectiva y que su impacto sea positivo en la seguridad vial del país, sin afectar los derechos y la dignidad de los ciudadanos.









