Por años hemos repetido, casi de forma automática, que vivimos en una sociedad de derechos. Y es cierto. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, donde la nacionalidad se adquiere conforme a la Constitución y las leyes. Basta nacer bajo determinadas condiciones o cumplir un proceso legal para ser reconocido como dominicano.
Sin embargo, reducir la dominicanidad a un acta de nacimiento o a una cédula de identidad es una visión incompleta —y peligrosa— de lo que significa ser nación.
Porque una cosa es ser dominicano en sentido jurídico, y otra muy distinta es vivir la dominicanidad como identidad ética, cultural y moral.
La nacionalidad es un estatus legal; la identidad es una construcción colectiva. Y cuando esa construcción se debilita, los países no colapsan de inmediato, pero comienzan a vaciarse por dentro.
Hoy asistimos a una paradoja preocupante: reclamamos derechos con fuerza, pero evadimos deberes con la misma intensidad. Exigimos libertades, pero rechazamos límites. Defendemos la democracia, pero confundimos la libertad con el libertinaje. Y en ese proceso, poco a poco, vamos perdiendo los referentes que históricamente nos han cohesionado como sociedad.
No se trata de nostalgia ni de moralismo barato. Se trata de entender que ninguna democracia se sostiene solo con normas jurídicas, si no está acompañada de valores compartidos y virtud cívica. Aristóteles ya advertía que una democracia sin ciudadanos formados degenera en demagogia. Tocqueville alertó que el individualismo extremo termina rompiendo el lazo social. La historia lo ha confirmado una y otra vez.
La identidad dominicana nunca ha sido únicamente un asunto legal. Se ha construido en torno a valores como la solidaridad, el respeto, la dignidad, el sentido comunitario, el trabajo honesto, la hospitalidad y la resiliencia frente a la adversidad. Esos valores no están escritos en la cédula, pero han sido, durante generaciones, el verdadero cemento de la nación.
Cuando esos referentes se relativizan; cuando todo se justifica en nombre de una libertad mal entendida; cuando se normaliza el irrespeto a la ley, al prójimo y a lo común, lo que se pierde no es solo el orden: se pierde la identidad.
Una sociedad puede tener elecciones, instituciones y leyes, y aun así carecer de ciudadanía en sentido pleno. Puede haber muchos nacionales, pero pocos ciudadanos comprometidos. Como ocurre en el ejercicio profesional: una persona puede tener formación académica, pero sin habilitación legal no puede ejercer legítimamente. Del mismo modo, se puede ser dominicano por derecho, pero no actuar como dominicano en responsabilidad cívica.
Esto no implica —ni debe implicar— que el Estado condicione la nacionalidad a una moral oficial. Eso sería autoritario y contrario al Estado de derecho. Pero sí implica algo igualmente exigente: reconocer que la identidad nacional no se impone, se cultiva, y que la democracia requiere algo más que votos y reclamos.
Requiere educación cívica real, no simbólica. Requiere ejemplo desde las instituciones. Requiere consecuencias frente a la falta ética, especialmente en lo público. Requiere una narrativa común que recuerde que la libertad no es hacer lo que se quiera, sino actuar con responsabilidad frente a los demás.
Hoy más que nunca, la República Dominicana necesita mirarse a sí misma y hacerse una pregunta incómoda pero necesaria:
¿Estamos formando ciudadanos o solo administrando derechos?
Recuperar la identidad no significa excluir, imponer ni retroceder. Significa reafirmar los valores que nos permiten convivir, reconocernos como parte de un proyecto común y entender que la democracia no es un relajo institucionalizado, sino un sistema que exige madurez, carácter y compromiso.
La dominicanidad no se agota en lo jurídico. Vive —o muere— en la conducta cotidiana, en el respeto por lo público, en la ética personal y en la responsabilidad colectiva.
Volvamos en valores al pasado, para poder vivir el presente en armonía…
EVR
