Por Jhonny Trinidad

Hay un país dentro de otro país que no aparece en los discursos de toma de posesión, pero que paga cada mes la factura de la estabilidad dominicana. Se llama diáspora. Tres millones de dominicanos viviendo entre Estados Unidos, España, Puerto Rico, Italia y una veintena de destinos más, enviando en 2024 más de 10,800 millones de dólares en remesas, según cifras del Banco Central. Eso equivale a más del 8% del Producto Interno Bruto. Ningún sector productivo del país tiene esa constancia, esa resistencia a las crisis, esa fidelidad.

Y sin embargo, ninguna comunidad ha sido tan maltratada, ignorada y utilizada políticamente como la dominicana en el exterior.

La irresponsabilidad del Estado no es un hecho aislado. Es una conducta histórica, sistemática y transversal a los gobiernos. Una forma de ver al dominicano de fuera como un cajero automático sin derechos y con muchas obligaciones sentimentales.

UN PILAR ECONÓMICO SIN DERECHOS ESTRUCTURALES

Si una empresa aportara el 8% del PIB dominicano, tendría una alfombra roja en el Palacio Nacional, leyes de incentivo, exenciones y una oficina con línea directa al presidente. La diáspora, que aporta eso y más, tiene consulados con baños dañados, líneas telefónicas que nadie contesta y citas que tardan meses.

La paradoja es brutal: la economía dominicana depende de la diáspora para no colapsar socialmente, pero el Estado nunca ha diseñado una política de Estado para ella. Lo que hay son parches, ocurrencias, programas que cambian de nombre cada cuatro años.

El dominicano que vive en El Bronx, en Madrid o en Providence es bueno para tres cosas en la lógica estatal: enviar dinero, tomarse una foto con un político en campaña y ser usado como ejemplo de superación cuando conviene. Para todo lo demás, está solo.

EL SERVICIO CONSULAR: LA CARA MÁS VISIBLE DEL ABANDONO

Quien ha tenido que ir a un consulado dominicano en el exterior conoce el ritual de la humillación. Precios abusivos por servicios básicos que en otros consulados son gratuitos o de bajo costo. Un poder notarial que en República Dominicana cuesta RD$1,000, en Nueva York puede costar US$150. Una libreta de pasaporte con un precio muy por encima del costo real, con un sistema de citas privatizado y opaco que ha sido denunciado una y otra vez.

El servicio exterior se ha convertido, históricamente, en un botín político. Se reparte como pago de favores de campaña, no como una posición para servidores especializados en migración, derecho internacional, asistencia legal y trabajo comunitario. El resultado es un personal que en muchos casos no conoce ni los derechos del migrante ni los procedimientos del país donde está acreditado.

Cuando un dominicano es detenido injustamente, cuando una madre es víctima de violencia doméstica y no sabe a dónde acudir, cuando un joven necesita orientación legal para no ser deportado, el consulado debería ser su casa. Hoy, en demasiados casos, es una oficina cerrada, fría y burocratizada.

EL VOTO EN EL EXTERIOR Y LA REPRESENTACIÓN DECORATIVA

En 1997 se aprobó el voto dominicano en el exterior y en 2004 se ejerció por primera vez. Fue un avance histórico. Pero desde entonces, el sistema se ha estancado en lo simbólico.

Siete diputados de ultramar para representar a más de tres millones de personas. Sin recursos reales, sin oficinas legislativas funcionales en las comunidades, sin poder para incidir en el presupuesto y, en muchos casos, sin siquiera residir donde fueron electos.

El voto se promueve con operativos improvisados, sin una campaña real de educación cívica. Luego se reclama baja participación, cuando el Estado no ha hecho lo mínimo para facilitarla. Es el círculo perfecto de la irresponsabilidad: no facilito, no informo, no invierto, y luego culpo al ciudadano por no participar.

EL RETORNO: CASTIGADO POR VOLVER

Si difícil es irse, más difícil es volver. El dominicano que decide regresar después de 20 o 30 años trabajando fuera se encuentra con un Estado que lo ve como sospechoso, no como ciudadano que retorna con derechos.

Traer sus ajuares, su vehículo o sus herramientas de trabajo implica un viacrucis aduanal, con impuestos que anulan cualquier incentivo. Revalidar un título obtenido con sacrificio en Estados Unidos o Europa puede tomar años. Acceder a una vivienda digna a través de planes estatales es prácticamente imposible. No existe un sistema de reinserción laboral, de reconocimiento de competencias, de atención en salud mental para quienes vuelven.

En otras palabras, el mensaje del Estado es claro: vete si quieres, envía si puedes, pero no vuelvas a pedir.

EL CLIENTELISMO TRANSNACIONAL

Cada cuatro años, el país entero se muda a Queens, a Washington Heights, a Lawrence, a Allentown. Los partidos hacen caravanas, alquilan locales, prometen ministerios, prometen un INDEX con presupuesto real, prometen una revolución consular. Se reparten gorras y se toman fotos comiendo mangú en un restaurante dominicano.

Pasan las elecciones y el INDEX sigue siendo lo que siempre fue: una institución con buenas intenciones, con actividades culturales importantes, pero sin autonomía presupuestaria, sin capacidad de incidir en políticas públicas reales y sin dientes para fiscalizar a los consulados.

La diáspora merece un ministerio. O por lo menos, un viceministerio con presupuesto propio, con indicadores, con un plan decenal que trascienda al gobierno de turno. No una dirección más que sirva para nombrar compañeros.

UNA DEUDA QUE YA NO SE PUEDE SEGUIR IGNORANDO

La nueva generación de la diáspora no es la de sus padres. No pide solo operativos de pasaportes. Es una generación bilingüe, profesional, con capital político y económico. Son concejales en Nueva Jersey, asambleístas en Nueva York, empresarios en Madrid, médicos en Boston. Son estadounidenses y españoles de origen dominicano que pueden votar aquí y allá. Que ya no aceptan la lástima ni el discurso patriótico vacío.

Si el Estado dominicano no cambia su relación con ellos, esa generación simplemente se desconectará. Dejará de enviar, dejará de invertir, dejará de mirar hacia la isla. Y ese día, el país entenderá el costo real de su irresponsabilidad.

No se trata de caridad. Se trata de justicia. De entender que la nacionalidad no se suspende cuando se cruza la frontera. Que un dominicano en El Bronx sigue siendo responsabilidad del Estado dominicano, con los mismos derechos que uno que vive en Santiago o en San Juan de la Maguana.

Mientras esa verdad elemental no se convierta en política pública, en presupuesto y en sanción para los que maltratan a la diáspora, seguiremos siendo lo que siempre hemos sido: un país que vive de su gente de fuera, pero que gobierna de espaldas a ella.