El jurista señaló desafíos en la responsabilidad de los funcionarios, la participación de particulares y la coexistencia de disposiciones penales en distintas leyes.

Santo Domingo, D.N., 11 de octubre 2026.- El abogado y docente Miguel Valerio Jiminian calificó el nuevo Código Penal como un instrumento poderoso para enfrentar la corrupción, aunque advirtió que su aplicación exigirá esclarecer cuestiones jurídicas y mantener un proceso de revisión legislativa que permita corregir deficiencias y responder a nuevas necesidades.

Durante su participación en el Panel I, “Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal”, del I Seminario Nacional ADOCCO, celebrado el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo, sostuvo que la reforma ofrece herramientas tanto para la persecución penal como para el ejercicio de la defensa, al definir con mayor claridad las conductas sancionables.

Valerio consideró necesaria la promulgación del Código y valoró la evolución de sus disposiciones sobre corrupción. Sin embargo, planteó que ese avance debe acompañarse de un seguimiento continuo, para evitar que la normativa permanezca durante décadas sin las actualizaciones que requiera.

En ese sentido, propuso crear en el Congreso una comisión dedicada a seguridad ciudadana y política criminal, diferenciada de la Comisión de Justicia, que contribuya a la revisión de la legislación penal.

Responsabilidad vinculada a los deberes del cargo

Uno de los aspectos centrales de su exposición fue la relevancia de los delitos de infracción de deber, cuyo análisis vinculó a las obligaciones especiales que asumen los funcionarios públicos por razón de sus cargos.

Según explicó, en estas figuras la discusión sobre responsabilidad no se limita a determinar quién ejecutó materialmente el hecho, sino que exige examinar los deberes del funcionario y su incumplimiento.

Advirtió que uno de los desafíos será precisar cuáles obligaciones, contenidas en otras normas del ordenamiento jurídico, pueden sustentar esa responsabilidad penal. En particular, planteó la necesidad de discutir el alcance de leyes, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, atendiendo al principio de legalidad.

Valerio también destacó que la nueva normativa regula con mayor claridad la participación de particulares en delitos de corrupción. Explicó que una persona que no tenga la condición de funcionario puede responder por su intervención en esos hechos, conforme a las formas de participación previstas en el Código.

Señala desafíos de interpretación

El jurista cuestionó la agrupación, dentro del mismo libro, de los delitos de corrupción, los abusos de la autoridad pública contra particulares y las infracciones contra la administración de justicia.

A su juicio, los abusos contra particulares requieren un tratamiento que atienda a su dimensión de derechos humanos, mientras que los delitos que afectan el funcionamiento de la justicia merecen una organización diferenciada.

Asimismo, llamó la atención sobre la coexistencia de disposiciones penales en el Código y en la legislación de compras y contrataciones públicas. Señaló que esa relación deberá examinarse cuidadosamente al momento de determinar las normas aplicables.

Respecto a la transversalidad de la corrupción, expuso su interpretación de que puede dar lugar a la concurrencia de infracciones. También advirtió sobre las consecuencias de la acumulación de penas, un asunto que consideró necesario esclarecer durante la aplicación de la normativa.

Defiende los acuerdos judiciales

Valerio reiteró su respaldo a los acuerdos judiciales como vía para responder a las necesidades del sistema penal. Sostuvo que una definición más clara de las conductas permite a la defensa explicar a sus clientes los hechos atribuidos y evaluar las alternativas procesales.

Al concluir, reconoció la labor de ADOCCO y de su presidente, Julio César de la Rosa Tiburcio, por promover la educación y el debate sobre corrupción, además de desarrollar una labor crítica y de vigilancia.

El seminario reunió a juristas, representantes institucionales y profesionales para analizar el impacto del nuevo Código Penal en la transparencia, la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción.