Por JHONNY TRINIDAD
Ninguna democracia sobrevive cuando a la prensa se le pide que hable bajito. En República Dominicana, el debate sobre la llamada “ley cállate” ha vuelto a poner al Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, en el ojo del huracán.
La pieza en discusión no es una sola. Es un paquete: el Proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, varios artículos del nuevo Código Penal y otras iniciativas que, juntas, han sido bautizadas por sectores críticos como “ley mordaza”. El gobierno insiste en que el apodo es malicioso. El CDP asegura que la ley no coarta, sino que protege.
Y aquí está el nudo: ¿proteger a quién?
EL CDP NO ES EL ENEMIGO, PERO TAMPOCO ES NEUTRAL
La Ley 10-91 creó al CDP para elevar el nivel profesional del periodismo y defender la libre expresión, sin lesionar el derecho ciudadano a informarse. Su mandato es ético, no político. Sin embargo, cuando su presidente dice que “la libertad de expresión tiene límites” mientras se discuten artículos que contemplan prisión por difamación, cierre de programas e incautación de equipos, el gremio queda atrapado entre la defensa de sus miembros y la presión institucional.
MODERNIZAR NO ES LO MISMO QUE AMORDAZAR
Es cierto: la ley vigente data de 1962. Regular plataformas digitales, exigir responsabilidad en redes y proteger la intimidad son debates legítimos en 2026. El problema aparece cuando la modernización viene con cárcel. El artículo 49 de la Constitución prohíbe la censura previa, pero ¿de qué sirve si la sanción posterior es tan grave que provoca autocensura?
En 2022 un proyecto de la diputada Melania Salvador fue enterrado por ser “ley de censura”. En 2024, la propuesta de la Dirección Nacional de Inteligencia que obligaba a entregar información se desestimó tras el rechazo social. La ciudadanía ya dijo “no” dos veces. Insistir con el mismo espíritu, aunque con otro nombre, es subestimar la memoria.
EL RIESGO REAL: NORMALIZAR EL SILENCIO
Cuando un periodista piensa dos veces antes de publicar por miedo a una querella, el daño ya está hecho. No se necesita cerrar un medio si se logra que el reportero se calle solo. Esa es la esencia de toda “ley cállate”: no siempre encarcela, pero siempre enfría.
¿QUE DEBE HACER EL CDP?
– Defender sin ambigüedad. Ninguna prisión por delitos de palabra.
– Exigir que la regulación de plataformas se discuta con la sociedad civil, no a puertas cerradas.
– Recordar que su legitimidad nace de la calle, no del Palacio.
Si el CDP termina pareciendo vocero del poder, pierde la única arma que tiene: la credibilidad.
La libertad de expresión no necesita tutores. Necesita garantías. Y necesita periodistas que, con ley o sin ley, sigan hablando alto. Porque el día que nos acostumbremos a susurrar, la “ley cállate” habrá ganado sin siquiera aprobarse.
