El presidente de FUJUDEL valoró la iniciativa como un avance en la garantía del derecho a la identidad y la inclusión ciudadana.
Santo Domingo.– El presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL), Pablo Vicente, destacó la importancia del protocolo aprobado el pasado 26 de octubre por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), mediante el cual se establece un procedimiento extraordinario para el registro, digitalización o reconstrucción de los nacimientos de personas de 60 años o más que poseen cédula de identidad, pero presentan dificultades con sus registros civiles.
Para el catedrático universitario, esta iniciativa constituye una respuesta institucional oportuna a una realidad histórica del país, especialmente para aquellas personas que obtuvieron su documento de identidad antes de 1992, cuando no era obligatorio presentar un acta de nacimiento para su expedición. Explicó que, con el paso de los años, algunos de esos registros no han podido ser localizados, se encuentran deteriorados o nunca fueron instrumentados, situación que puede dificultar la renovación de la cédula y generar obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.
Desde la perspectiva del especialista en derecho electoral, la disposición de la JCE representa un mecanismo importante para fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el derecho a la identidad, al permitir localizar, digitalizar, reconstruir o registrar los nacimientos de estas personas, utilizando la información documental y biométrica disponible en los sistemas institucionales, conforme a las disposiciones de la Ley núm. 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil. Resaltó, además, que el procedimiento será realizado sin costo para los beneficiarios.
«Esta iniciativa representa un paso importante para garantizar el derecho a la identidad de nuestros adultos mayores. No se trata únicamente de facilitar la renovación de una cédula, sino de contribuir a que ciudadanos que durante décadas han tenido un documento de identidad puedan regularizar su situación registral y contar con mayores garantías para el ejercicio de sus derechos», expresó Vicente.
El presidente de FUJUDEL consideró que la puesta en marcha de este protocolo también representa una oportunidad para fortalecer la cultura de respeto y protección del derecho a la identidad, promoviendo una administración pública más sensible a las necesidades de la ciudadanía. Indicó que su efectividad dependerá de una adecuada aplicación, de la orientación oportuna a los beneficiarios y de que las facilidades previstas puedan llegar a todos los ciudadanos que reúnan las condiciones establecidas.
«La modernización del sistema de identidad debe estar acompañada de soluciones que garanticen que ningún ciudadano quede excluido por dificultades documentales que se originaron en circunstancias históricas. El derecho a la identidad es una condición esencial para el ejercicio de los demás derechos y debe ser protegido en todas las etapas de la vida», concluyó.
