Por Frank Valenzuela
Una investigación realizada por el Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) revela que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) registró mediante contrato, medición y facturación oficial la entrega de 8,764 metros cúbicos de agua potable —equivalentes a 8,764,000 litros— al consorcio Energía 2000 durante el año 2025. Esta cantidad equivale a aproximadamente 21 días completos del consumo total de la población, en un sistema con pérdidas del 30% y limitaciones estructurales, lo que sitúa el caso en una escala que trasciende cualquier uso puntual del recurso hídrico.
Frank Valenzuela, presidente de la organización ciudadana, destacó que la operación se realizó mediante un esquema formal que incluyó contrato No. 017-2025, acometida instalada, macromedidor y facturación por RD$445,044.88. Este conjunto de elementos evidencia que no se trató de una asistencia provisional menor, sino de una utilización sostenida de agua potable en un territorio donde el acceso comunitario ha sido limitado, configurando una situación que obliga a revisar la relación entre disponibilidad del recurso y su destino final.
1. Una operación documentada que redefine el uso del agua en Manzanillo
Valenzuela precisa que , los datos, documentos y cifras citados en el documento provienen de información oficial entregada por INAPA mediante solicitud formal de libre acceso a la información pública, conforme a la Ley 200-04, y forman parte del expediente documental que sustenta esta investigación, el cual se encuentra anexo como respaldo íntegro de los hechos documentados.
El Centro CEBAMDER sostuvo que el volumen entregado a Energía 2000 debe analizarse en el contexto de un sistema público limitado, donde la producción diaria apenas alcanza 491.11 m³ y donde sectores de la comunidad reportaban acceso limitado al servicio. La organización ciudadana indicó que la magnitud de 8.7 millones de litros de agua potable no puede ser presentada como un hecho administrativo ordinario, sino como una operación de alto impacto sobre un recurso esencial para la población.
Recordó que, Energía 2000 fue responsable del dragado de Playa Estero Balsa y ha sido vinculada a afectaciones al sistema coralino, presión sobre manglares, transformación del borde costero de Playa Estero Balsa y su industrialización de una zona que es ambientalmente sensible. Para la organización, ese historial territorial forma parte del contexto que debe ser considerado al evaluar el uso del agua potable de Manzanillo por parte del proyecto.
2. Impacto territorial previo y conexión al sistema público
El consorcio Energía 2000 no es un actor aislado en el territorio, ya que ha sido vinculado a impactos asociados a operaciones de dragado en Playa Estero Balsa, afectaciones al sistema coralino, presión sobre manglares y transformación del borde costero. Estos elementos forman parte de un historial documentado por organizaciones comunitarias que contextualiza el uso actual del agua dentro de una dinámica más amplia de intervención territorial.
Sobre este contexto previo se suma la conexión directa al sistema de agua potable de Manzanillo, específicamente en la línea matriz antes del almacenamiento comunitario. Esta condición implica que el recurso fue captado en un punto estructural del sistema, en un escenario donde la producción diaria es limitada, lo que refuerza el carácter crítico de la extracción y su potencial incidencia sobre la estabilidad del servicio para la población.
3. La escala económica y pública del consumo registrado
El informe de INAPA confirma que el costo asociado al volumen registrado fue de RD$445,044.88, con un promedio de RD$50.80 por metro cúbico, en un proyecto cuya inversión supera los mil millones de dólares. Esta relación entre volumen, costo y escala económica evidencia una asimetría significativa entre el valor del recurso utilizado y la capacidad económica del proyecto, lo que plantea interrogantes sobre la gestión y priorización del agua en el territorio.
Más allá de la cifra económica, el dato adquiere relevancia pública porque se trata de agua potable extraída de un sistema comunitario con limitaciones estructurales y pérdidas del 30%. En ese contexto, la discusión no se reduce al pago de una factura, sino a la proporcionalidad, sostenibilidad y prioridad institucional en el uso de un recurso esencial para Manzanillo.
4. Vacíos de información y límites de la transparencia
Uno de los elementos más relevantes del informe es la ausencia de documentación completa sobre el cierre del suministro y la entrada en operación de los pozos propios del proyecto. Aunque se registra la extracción con precisión, no existe evidencia técnica verificable que permita confirmar que el uso del sistema público fue efectivamente provisional, lo que deja abierto el análisis sobre la duración real del consumo.
Adicionalmente, se señala que solo aproximadamente el 40% de la información solicitada fue entregada, quedando fuera documentos clave como estudios de sostenibilidad hídrica, registros completos de caudal y verificación del estado de la infraestructura del proyecto. Esta limitación impide realizar una evaluación integral del impacto y reduce la capacidad de verificación sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas.
5. Sostenibilidad, prioridad del servicio y responsabilidad institucional
A partir de los datos disponibles surgen preguntas fundamentales sobre la gestión del recurso hídrico en Manzanillo. No existe evidencia de un estudio previo de sostenibilidad que respaldara la autorización de una extracción de esta magnitud en un sistema con producción limitada y pérdidas estructurales, lo que plantea dudas sobre los criterios técnicos utilizados en la toma de decisiones.
Asimismo, el principio de prioridad del acceso al agua para la población adquiere relevancia frente a una operación que equivale a semanas completas del consumo comunitario. La ausencia de datos completos sobre presión, continuidad del servicio y comportamiento del sistema durante el periodo de extracción impide confirmar si esta condición fue respetada en la práctica, dejando abierta una cuestión central sobre la protección del derecho al agua en el territorio.
El caso documentado evidencia una utilización significativa de agua potable en un contexto de limitaciones estructurales del sistema de Manzanillo, con información oficial obtenida conforme a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y respaldada por documentación institucional. Las cifras, los vacíos documentales y las condiciones técnicas descritas configuran un escenario que exige transparencia completa, evaluación independiente y respuestas institucionales proporcionales a la magnitud de los hechos, especialmente cuando se trata de un recurso esencial para la vida comunitaria.
Frente a esta realidad, CEBAMDER plantea la necesidad de avanzar hacia un plan de resarcimiento integral y restauración socioambiental que incluya el fortalecimiento del sistema hídrico local, la reparación de los daños territoriales acumulados, la restauración de ecosistemas impactados, la compensación productiva de los sectores afectados y la creación de mecanismos permanentes de vigilancia comunitaria. Para la organización, Manzanillo no puede seguir cargando con los costos ambientales, sociales y territoriales de un proyecto de gran escala sin una respuesta proporcional, verificable y estructural.
