El encuentro fue coordinado por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
Santo Domingo. El titular de la Superintendencia de Electricidad (SIE), Andrés Astacio y el director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Erick Guzman, sostuvieron una reunión de trabajo la cual fue coordinada por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa con el objetivo de reducir la cantidad de resoluciones de reclamaciones pendientes por notificar a los usuarios de las distribuidoras de energía eléctrica.
El superintendente de Electricidad precisó que la colaboración con Inposdom ayudará a descongestionar las más de veinte mil notificaciones pendientes por notificar a nivel nacional, según cifras de la Oficina de Protección al Consumidor del Servicio Eléctrico (Protecom), a aquellos usuarios quienes luego de colocar una reclamación, no proceden a retirar la decisión de la misma.
De su lado, el director de Inposdom, indicó que a partir de la próxima semana iniciaran el plan piloto del proyecto, distribuyendo las primeras cinco mil notificaciones en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, continuando posteriormente con las demás provincias del país.
En este sentido, Pablo Ulloa saludó la medida adoptada por la Superintendencia de Electricidad y el Inposdom, la cual deriva de las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo a la propuesta de modificación al Reglamento para la Presentación, Procesamiento y Decisión de las Reclamaciones Surgidas en la Relación Empresas de Distribución y los Usuarios a través de la Vía Administrativa en octubre del año pasado.
Añadió que las 32 recomendaciones sugeridas por el equipo técnico del Defensor del Pueblo a este reglamento se realizaron con el propósito de que vayan apegadas al debido proceso y que contribuyan a proteger los derechos de los consumidores del servicio eléctrico.
La propuesta de modificación al Reglamento para la Presentación, Procesamiento y Decisión de las Reclamaciones Surgidas en la Relación Empresas de Distribución y los Usuarios a través de la Vía Administrativa, tiene como objetivo ofrecer una solución al cúmulo de decisiones no notificadas a las partes involucradas en el proceso de reclamaciones, procurando que el mismo resulte lo más eficiente posible, cumpliendo con los principios administrativos de celeridad, simplicidad, eficacia, transparencia, no discriminación, responsabilidad y equidad.
