Por Frank Valenzuela
Manzanillo, Montecristi. El Consejo de Organizaciones para el Resarcimiento Socioambiental y Productivo del Municipio Pepillo Salcedo, integrado por 17 organizaciones representativas del territorio, dejó establecida una posición firme frente a planteamientos y agendas formuladas fuera del municipio que no han sido consultadas con las organizaciones locales ni responden a las prioridades reales de las comunidades. La entidad sostuvo que la voz legítima de Manzanillo, Copey, Carbonera y del conjunto del territorio de Pepillo Salcedo debe construirse desde el propio municipio, en correspondencia con su realidad social, productiva, ambiental, territorial y municipal, y no desde discursos externos desvinculados de la experiencia concreta de las comunidades.
“Nosotros no estamos en contra del desarrollo ni del avance de proyectos estratégicos para la nación. Lo que sostenemos es que ese desarrollo tiene que estar vinculado al desarrollo sostenible del territorio, a la protección de la biodiversidad y a la debida diligencia que corresponde en un proyecto de esta magnitud”, expresó Frank Valenzuela, coordinador del Consejo. Agregó que cualquier actuación pública o privada que pretenda hablar en nombre de Manzanillo sin haber consultado a las organizaciones territoriales carece de legitimidad comunitaria y no puede presentarse como expresión auténtica de la voluntad local.
Valenzuela señaló que resulta profundamente preocupante que se intente articular un discurso político o ideológico sin conexión real con las decisiones, preocupaciones y prioridades del municipio. “Nadie puede pensar por la comunidad ni decidir por la comunidad desde fuera del territorio. Aquí hay organizaciones que llevan años documentando impactos, defendiendo medios de vida y construyendo una agenda seria de resarcimiento territorial. Pretender desplazar ese trabajo con narrativas importadas no fortalece la causa comunitaria; la debilita”, afirmó.
La organización ciudadana reiteró que, una de sus principales demandas sigue siendo la realización de una auditoría forense al desmonte de más de 500,000 metros cuadrados, así como una evaluación independiente sobre las transformaciones ocurridas en el sitio y sus efectos sobre el componente productivo, ambiental, social, territorial, municipal, de conectividad y patrimonial. A juicio de la organización, a más de tres años de iniciado el proceso de intervención, no se evidencia todavía una arquitectura integral de resarcimiento proporcional a la magnitud del cambio territorial observado ni a la profundidad de los impactos acumulativos que ya se perciben en el municipio.
“Lo que está pendiente no es un gesto simbólico ni una respuesta sectorial fragmentada. Lo que está pendiente es una discusión seria sobre cómo se restituye, se resarce y se responde frente a una transformación territorial que ya ha alterado medios de vida, conectividad, exposición comunitaria y funciones ecológicas del entorno”, expresó Helvio Bejarán, asesor estratégico del Consejo. Añadió que la preocupación del territorio no se limita a un expediente administrativo, sino a la ausencia de respuestas integrales para la pesca artesanal, la apicultura, el componente ovino-caprino, la conectividad comunitaria, la exposición crítica de Villa Raif y la carga institucional que recae sobre el municipio.
Bejarán sostuvo además que BID Invest debe revisar, junto con las comunidades y sus organizaciones representativas, si en el caso fueron aplicadas con la suficiencia requerida las debidas diligencias ambientales y sociales previstas para operaciones de alto impacto territorial. “Desde un lenguaje compatible con MICI, BID, IFC y Banco Mundial, lo que observamos es que existen cuestiones metodológicas y territoriales que requieren revisión, particularmente en relación con la ND1 sobre evaluación y gestión de riesgos e impactos, la ND4 sobre salud y seguridad comunitaria, la ND5 sobre desplazamiento económico y medios de vida, y la ND6 sobre biodiversidad, hábitats críticos y servicios ecosistémicos. Lo que corresponde ahora es examinar si la respuesta ofrecida guarda proporcionalidad con la magnitud del cambio territorial”, indicó.
El CORESAP-MANZANILLO recordó que desde el mes de diciembre ha venido solicitando formalmente a BID Invest, entidad que financia con US$200 millones el proyecto, la apertura de una discusión estructurada sobre planes de resarcimiento construidos desde un enfoque territorial y no sectorial, con participación directa del Consejo y de las comunidades afectadas. La organización subrayó que su posición no es de negación del desarrollo, sino de exigencia de un desarrollo concertado, sostenible e integral, compatible con la biodiversidad del Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, con el sistema de humedales y con los derechos de las comunidades a que los daños ya provocados sean evaluados, restituidos y resarcidos en su verdadera dimensión acumulativa.
Afirmó, además, que el fortalecimiento de alianzas y apoyos internacionales sólo tiene legitimidad y utilidad cuando reconoce la centralidad del territorio y acompaña, sin sustituir, la voz de las comunidades organizadas. En ese sentido, señaló que ganar espacio en escenarios nacionales e internacionales es importante para visibilizar el caso, pero que ese posicionamiento debe construirse desde Manzanillo, desde Pepillo Salcedo y desde sus organizaciones representativas, de modo que cualquier solidaridad externa contribuya a robustecer la agenda territorial de resarcimiento y no a desplazarla.
En ese sentido, la organización comunitaria valoró advertencias formuladas por la Academia de Ciencias de la República Dominicana, especialmente cuando ha señalado que el desarrollo de Montecristi y de la Línea Noroeste no puede seguir esperando, pero que “carece de lógica que para alcanzar el desarrollo sea preciso primero destruir para luego reconstruir”. Para las organizaciones territoriales, esa reflexión resume el principio que debe orientar cualquier intervención en Pepillo Salcedo: desarrollo sí, pero con sostenibilidad, concertación, respeto a la biodiversidad, revisión independiente de la debida diligencia, auditoría del desmonte y resarcimiento integral para Manzanillo, Villa Raif, Copey, Carbonera y todos los sectores que hoy cargan los costos de una transformación que aún no ha sido respondida con la proporcionalidad que corresponde.
“Nosotros valoramos el acompañamiento serio y el interés por lo que ocurre en Manzanillo; lo que sostenemos es que ese acompañamiento debe reconocer que aquí existe un tejido organizativo con legitimidad, con experiencia y con una agenda construida desde el territorio. Ganar espacio fuera es importante, pero sin perder el centro de gravedad local del caso. La representación del municipio no está disponible para ser sustituida, porque nadie conoce mejor esta realidad que quienes la viven, la documentan y la defienden todos los días”, expresó Frank Valenzuela.
Anexo:
Anexo:
Foto 1. Vista del Parque Nacional Manglares de Estero Balsa y, al fondo, del área boscosa aún no desmontada, donde se aprecia una belleza natural de alto valor ecológico caracterizada por la interacción entre bosque seco costero, cuerpo de agua y sistema de manglares, expresión paisajística y funcional de un territorio ambientalmente sensible hoy sometido a una profunda transformación.
Foto 2. Área de desmonte realizada en el entorno del proyecto, donde se aprecia la transformación intensiva del terreno y la eliminación de la cobertura vegetal en una superficie de gran escala, elemento central de la demanda de auditoría forense y de evaluación independiente de los impactos territoriales, ambientales y productivos.
Foto 3. Vista del sector Villa Raif, comunidad de proximidad crítica fuertemente impactada por la transformación territorial asociada al proyecto, dada su cercanía directa al área intervenida y su condición de receptor comunitario expuesto a efectos sobre conectividad, calidad de vida, medios de vida y entorno inmediato.
Foto 4. Parte de los miembros del Consejo de Organizaciones para el Resarcimiento Socioambiental y Productivo del Municipio Pepillo Salcedo, instancia articulada por organizaciones representativas del territorio para la defensa de una agenda de desarrollo sostenible, debida diligencia, resarcimiento integral y revisión comunitaria de los impactos del proyecto.
