| Cuestionan participación del general Perdomo Sánchez en intento de desalojo y reclaman investigación al Ejército y al Ministerio de Defensa SANTO DOMINGO, República Dominicana. — La familia Disla denunció públicamente la presunta intervención del general de brigada Perdomo Sánchez, quien se desempeñaba como director de Asuntos Internos del Ejército Nacional, en actuaciones relacionadas con un intento de desalojo de personas que ocupaban o ejercían derechos sobre terrenos sometidos a una controversia de carácter civil, inmobiliario y registral. La familia considera grave y preocupante que un alto oficial militar haya intervenido en una disputa relacionada con derechos de propiedad, por entender que este tipo de conflictos corresponde ser dirimido por los tribunales y las instituciones civiles competentes, particularmente por la jurisdicción inmobiliaria. Los Disla reclaman al mayor general Jimmy Arias Grullón, comandante general del Ejército de República Dominicana (ERD), y al teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, una investigación institucional que determine las circunstancias en que se produjo la presunta intervención. ¿QUIÉN ORDENÓ LA INTERVENCIÓN? La familia plantea una serie de interrogantes que, a su juicio, deben ser respondidas por las autoridades militares: ¿Quién solicitó la intervención del general Perdomo Sánchez? ¿En qué calidad actuó? ¿Existía una orden judicial expresa para ejecutar el supuesto desalojo? ¿Qué tribunal emitió esa orden? ¿Quién impartió las instrucciones al oficial militar? ¿Qué documentos fueron presentados para justificar la intervención? ¿Cuál era la base legal para utilizar personal militar en una controversia sobre terrenos registrados? Estas preguntas, sostiene la familia, no constituyen una condena anticipada contra ningún funcionario u oficial militar, sino una exigencia de transparencia, investigación y respeto al Estado de derecho. “EL PODER MILITAR NO PUEDE SUSTITUIR AL PODER JUDICIAL” La familia Disla enfatiza que respeta profundamente al Ejército de República Dominicana y reconoce las funciones constitucionales que corresponden a las Fuerzas Armadas. Precisamente por ello, considera necesario determinar si la institución militar fue utilizada para intervenir en un conflicto que, por su naturaleza, debía permanecer dentro del ámbito de la justicia civil y la jurisdicción inmobiliaria. “El poder militar no puede sustituir al poder judicial. La autoridad de un uniforme no convierte en legítima una actuación que carezca de fundamento jurídico”, sostiene la familia. Los denunciantes advierten que ningún particular debería utilizar la autoridad de organismos armados del Estado para obtener por la fuerza derechos de propiedad que deben ser demostrados ante los tribunales. UNA LITIS QUE LA FAMILIA DISLA CONSIDERA DE LARGA DATA La controversia forma parte de un conflicto que la familia Disla sostiene se remonta a varias décadas y que involucra terrenos que, según su versión, fueron adquiridos por Andrés Avelino Disla Lugo y posteriormente objeto de actuaciones judiciales y registrales cuya legalidad la familia cuestiona. Los Disla sostienen que durante todo este proceso se han producido actuaciones que deben ser revisadas por las autoridades competentes, particularmente aquellas relacionadas con la titularidad, adjudicación, transferencia y posesión de los terrenos. La familia está integrada por 24 hermanos, cuyos hijos y nietos, según afirman, han desarrollado durante décadas actividades agrícolas vinculadas a esas tierras. Por ello, consideran que el conflicto no puede ser reducido a una simple disputa privada, sino que requiere una revisión integral de los procedimientos que condujeron a la situación actual. PIDEN AL EJÉRCITO QUE ACLARE SU PAPEL La familia Disla solicita públicamente al comandante general del Ejército y al ministro de Defensa que establezcan si existió una participación institucional del Ejército en los hechos denunciados y, de ser así, quién la ordenó y bajo qué fundamento jurídico. Asimismo, reclaman que sean identificados los documentos, órdenes, comunicaciones e informes que pudieran existir en los archivos institucionales relacionados con la actuación del general Perdomo Sánchez. Los denunciantes reiteran que no están solicitando que las Fuerzas Armadas determinen quién tiene razón en la disputa inmobiliaria. Por el contrario, sostienen que precisamente los militares deben mantenerse al margen de ese tipo de controversias cuando no exista una orden judicial válida que justifique su participación. Por la familia Disla,firma el decumento de prensa el periodista Julio Disla |
Familia Disla denuncia presunta intervención militar en litis por terrenos
